¿Regresará Rabbé?

Por Susana Roca E. – Comunicadora

El exdiputado Luis Armando Rabbé Tejada fue capturado el 23 de julio del 2018 en el estado de Nuevo León, México, por un reclamo de Guatemala.  La alerta de la Policía Internacional (INTERPOL) estaba activa desde el 2016, tras ser requerido por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo A.  De regresar a Guatemala, Rabbé enfrentaría cargos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard firmó ayer el aval para que el Poder Judicial de México autorice la extradición del expresidente del Congreso, confirmó la Embajada de México en Guatemala. El Canciller mexicano firmó la extradición en consideración a la relación con Guatemala y con base en los elementos que justifican la solicitud.

La extradición de Rabbé estaba en manos del canciller Ebrard, que debía analizar si la decisión de extraditarlo ponía en peligro al expolítico guatemalteco, ya que Rabbé habría argumentado en sus audiencias que era una persecución política en su contra.

Ahora, la Cancillería deberá enviar al Poder Judicial la nota diplomática para que este notifique al juzgado que tiene a su cargo el caso y se sigan los procedimientos establecidos para la extradición. El proceso podría tardar un poco más de lo normal debido a la pandemia, señaló la embajada.

Guatemala argumentó que los delitos por los que se perseguía a Rabbé no eran de índole político, sino delitos en contra de la Administración Pública. La FECI señala a Rabbé por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales.  Según el diario mexicano Milenio, el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal había dado un plazo al Canciller para que emitiera su decisión.

Rabbé, quien fue presidente del Congreso en el periodo 2015-2016, está casado con la mexicana Rosaura Guadalupe González, hermana del magnate de la televisión en Latinoamérica y dueño de los canales de televisión abierta en Guatemala, Ángel González.  Según las investigaciones de la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rabbé junto a otros integrantes de la Junta Directiva del Congreso habrían contratado un sinnúmero de plazas, colocando a personas no idóneas para el trabajo asignado, mientras otras no se presentaban y solo cobraban un salario.

Rabbé en su calidad de presidente del Congreso, autorizó para Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva –lo cual está prohibido– y sin el perfil idóneo. Además, se detectó que algunas de estas personas no asistían a sus labores, señaló la CICIG en su momento.  Las investigaciones de la CICIG determinaron que solo Rabbé tenía contratadas 20 personas cuando en su oficina tenía espacio para albergar solo a cuatro.

¿Le habrá llegado el momento a Rabbé de volver para rendir cuentas ante la legislación guatemalteca o le alcanzarán sus influencias para poder tener un relajado arresto domiciliario en alguna de sus lujosas residencias, tal y como lo hace actualmente Sinibaldi?

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