Defensores o Manipuladores de la ley…

Por Susana Roca E. – Comunicadora

Mientras el país se sume cada vez más en una profunda crisis por el efecto COVID-19, otra crisis se ha hecho cada vez más grande y profunda en las cortes del país que junto al Congreso de la República protagonizan toda una saga relacionada a la elección de magistrados judiciales, principalmente por 20 finalistas que de acuerdo a lo investigado y publicado por el Ministerio Público (MP) no cumplen con la idoneidad que demanda la Constitución.

En el capítulo más reciente de la saga, la CC el día de ayer, 27 de junio frenó la solicitud de retiro de inmunidad contra cuatro magistrados titulares de ese tribunal que había dado trámite la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados suplentes y envió al Congreso, que ya integró una comisión pesquisidora conformada por los diputados Luis Rosales, de Valor; Santiago Nájera, de UNE, y Douglas Rivero, de Humanista.

La resolución es un amparo provisional para el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; Acción Ciudadana y la activista Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, y blinda a los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana.

Estos cuatro magistrados habían otorgado un amparo en definitiva al MP y ordenado al Congreso que eligiera a los magistrados de CSJ y Apelaciones pues hay un retraso de ocho meses en esas instancias judiciales, pero el conflicto radica en que la Corte establece que la elección de jueces debe realizarse mediante el requisito constitucional de idoneidad, el cual, según la Fiscalía, no cumplen 20 candidatos que están en las listas finales, entre otras cosas por haber estado en contacto con Gustavo Alejos, quién es considerado uno de los mayores operadores políticos del país, que aún mientras guarda prisión, se había estado reuniendo con diferentes personajes relacionados al proceso.

En un comunicado la CC expuso que el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad “es claro” al establecer que los magistrados de esa corte “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”. Agrega que se han dictado varios fallos que han sentado jurisprudencia en cuanto a los alcances de esa garantía y “una de las formas en las que un magistrado de lo constitucional expresa su opinión es al respaldar con su firma el criterio vertido en la emisión de una resolución”.

Además, recuerda que la CSJ ha rechazado sin entrar a conocer los antejuicios contra la CC aduciendo que “…la decisión que los mismos (Magistrados de la Corte de Constitucionalidad) asumen no puede constituir un elemento de razonabilidad que determine que su actuar haya sido contrario a la ley, lo cual está instituido como una garantía para el ejercicio de sus funciones”.

También enfatiza que, en la copia legalizada de las diligencias de antejuicio remitidas por el Congreso a ese tribunal, no hay constancia de la forma en que la CSJ se integró para dar trámite al proceso.

El Congreso de la República ha fijado se postura a través de Allan Rodríguez, su presidente, diciendo que los magistrados de la CC se “autoampararon” contra el antejuicio, pero el Legislativo analiza la resolución para proceder “de forma institucional y conforme a Derecho”.

El próximo martes 30 de junio habrá reunión de comisión permanente, es decir la junta directiva que asume ese rol durante el periodo de receso de sesiones ordinarias, para definir en qué fecha podría convocar a los legisladores y continuar con la elección de jueces.

El Ejecutivo expresó que es respetuoso de las disposiciones del Congreso, la Suprema y la CC, por ser órganos independientes del Estado.

El día de hoy la Cámara de Industria también ha dado a conocer su postura por medio de un comunicado emitido y que podrán leer junto a esta nota y el Centro Para la Defensa de la Constitución también se ha manifestado, indicando que rechazan las actuaciones que van en contra de la Constitución, la separación de poderes y del control Interorgánico.  Deben seguirse todos los procesos establecidos constitucionalmente establecidos para proteger El Estado de Derecho, continúa diciendo.

Será la próxima semana cuándo podremos ver el desenlace de esta saga y sabremos quiénes protegen y quiénes manipulan para el beneficio de sus propios intereses nuestra legislación.

 

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